Gestión de contratos públicos. Maximizando la eficiencia y minimizando riesgos
El objetivo principal de la gestión de los contratos públicos es asegurar una asignación eficiente de los recursos públicos, garantizando que cada contrato responde a una necesidad real, tal y como establece el artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP). La LCSP establece un marco normativo que exige una planificación rigurosa y adecuada, una correcta definición de criterios de adjudicación, y un control y seguimiento estricto en la ejecución de los contratos.
Una planificación adecuada es clave para evitar contratos innecesarios. La LCSP, en su artículo 28, exige justificar la necesidad del contrato, alineándola con las competencias propias de cada Administración. Así, se asegura que el contrato cumple y se ajusta a los principios de eficiencia, economía y necesidad. Esto implica que cada contrato debe surgir de un análisis y planificación previa, estar bien justificado y licitarse en el momento adecuado. En esta línea, el artículo 116 de la LCSP establece los documentos que deben formar parte del expediente de contratación, entre los cuales se encuentra el informe de necesidad, que justifica el inicio del procedimiento. Esta primera fase de planificación permite evitar errores comunes, como el fraccionamiento indebido del contrato (artículo 99 de la LCSP), que puede vulnerar los principios de concurrencia y competencia recogidos en el artículo 1 de la Ley. Por ello, una adecuada justificación y planificación inicial garantiza que la contratación se ajusta a los principios de eficiencia, economía y legalidad.
El Presupuesto Base de Licitación (PBL) es un elemento clave para garantizar la viabilidad económica del contrato y, en especial, la asignación eficiente de los recursos públicos. Según el artículo 100 de la LCSP, su determinación debe basarse en un estudio de mercado, tomando como referencia los precios habituales, es decir, precios de mercado, e incluyendo todos los costes necesarios para ejecutar el contrato, como los costes salariales conforme al Convenio Colectivo correspondiente. Si el PBL es demasiado bajo, puede llevar a la falta de licitadores (el contrato quedará desierto) o a una ejecución deficiente; si el PBL es demasiado alto podría suponer un gasto innecesario de fondos públicos. Para calcular correctamente el PBL, la Administración debe incluir todos los costes directos e indirectos, asegurando que el importe final se ajuste a los principios de eficiencia y responsabilidad financiera.
Por otro lado, la elección del contratista debe basarse en criterios de adjudicación que busquen la mejor relación calidad-precio. Según el artículo 145 y siguientes de la LCSP, estos criterios de calidad pueden incluir aspectos como como experiencia, la sostenibilidad, la innovación o las mejoras que se propongan en la ejecución del contrato, evitando que el precio sea el único factor determinante. Además, deben estar vinculados al objeto del contrato, formularse de manera objetiva, y permitir que todas las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva. De esta manera, se fomenta la concurrencia competitiva, permitiendo la participación de un mayor número de licitadores y asegurando una selección más eficiente.
En la fase de ejecución del contrato, es esencial garantizar que el contratista-adjudicatario cumple con las condiciones establecidas en los pliegos y en el contrato, evitando desviaciones y cambios no justificados en sus características, plazos o costes. Para ello, la figura del responsable del contrato, prevista en el artículo 62 de la LCSP, desempeña un papel fundamental. Entre sus funciones están supervisar la correcta ejecución del contrato, controlar los plazos, gestionar posibles modificaciones, e informar sobre cualquier otra incidencia. Además, el artículo 197 permite imponer penalidades por incumplimiento, siempre que los contratistas no respeten las condiciones del contrato.
Cada contrato debe surgir de un análisis y planificación previa, estar bien justificado y licitarse en el momento adecuado.
En conclusión, para gestionar bien los contratos del sector público, lo más importante es llevar una planificación cuidadosa desde el principio. De esta forma, cada contrato responderá a una necesidad real y justificada, asegurando una utilización eficiente de los recursos públicos. También es clave calcular y desglosar adecuadamente el presupuesto bases de licitación y utilizar criterios de adjudicación objetivos para selección la mejor oferta.
